La Cámara baja tramita a partir del martes la iniciativa del PSOE. La regulación de esta práctica ha fracasado dos veces recientemente a pesar del amplio apoyo político y social
La ley de eutanasia llega este próximo martes al pleno del Congreso de los Diputados. Será la tercera ocasión en 20 meses que el texto será tomado en consideración y, como en las dos anteriores, recibirá un amplio apoyo desde la bancada. Sin elecciones ni fines abruptos de legislatura en el horizonte, quienes apoyan la nueva norma comparten la ilusión de que “esta vez sí” se reconozca a los españoles el derecho a una muerte digna. Pero tampoco ocultan una frustración: “La gente para la que no hemos llegado a tiempo, a los que no hemos podido ayudar”, en palabras de la diputada socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Gente como Antoni Monguilod, enfermo de párkinson fallecido el pasado mes de octubre tras años clamando por “dejar de sufrir” desde un lejano diagnóstico hecho en 2007. O como María José Carrasco, a la que su marido, Ángel Hernández, dio una dosis letal de pentotal sódico en abril tras una existencia consumida por la esclerosis múltiple. “No le perdono a nadie que muera gente sufriendo”, exclamó tras autoinculparse por la muerte de la mujer a cuyos cuidados ha entregado los últimos años de vida.
“Esta vez parece que sí, 2020 es el año”, se repite, aún con un deje de desconfianza en la voz, Fernando Marín, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la entidad que durante las últimas décadas ha luchado con más ahínco para que la nueva ley sea una realidad.
Incluso Ciudadanos, cuyo papel fue muy criticado durante el primer gobierno de Pedro Sánchez por su ambigüedad sobre la norma —votó a favor en su toma en consideración, pero bloqueó junto al PP su tramitación desde la Mesa del Congreso— parece sumarse al sentir mayoritario de la Cámara: “Las personas que padecen situaciones degenerativas e incurables deben poder elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida”, afirma un portavoz.
Solo el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, se han posicionado en contra de la nueva norma.
La tramitación partirá de la proposición de ley impulsada por el PSOE, que es casi un calco —se ha precisado alguna definición y hecho retoques menores en algún artículo— de la que ya recibió el apoyo mayoritario del pleno en junio de 2018 y en septiembre de 2019.
El texto, que tiene rango de ley orgánica e implica un cambio del Código Penal, consagra la eutanasia como un “derecho” al que podrán acogerse quienes padezcan “una enfermedad grave e incurable” o “invalidante” que cause “un sufrimiento insoportable”. Será prestada por la sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.
La proposición de ley prevé que el paciente que solicita la eutanasia no tenga que esperar más de un mes para morir tras pedirlo por escrito a su médico. El facultativo abrirá en primer lugar “un proceso deliberativo” con el enfermo tras el que, si estima que se cumple la ley, deberá consultarlo con otro médico ajeno a su equipo.
El paciente reiterará su voluntad a las dos semanas, tras lo que el caso será remitido a una comisión de control, que lo valorará de nuevo. En caso de que todas las partes consideren que la ley se cumple, el enfermo verá satisfecha su voluntad de morir a los 15 días de la segunda petición.
La solicitud puede ser denegada en dos pasos del proceso. Si lo hace el facultativo, el paciente tendrá cinco días para solicitar a la comisión de control que revise el caso. Si es esta la que tumba el proceso, el paciente podrá ir a la vía administrativa. Tras la muerte, el médico responsable remitirá toda la documentación a la comisión para un nuevo control posterior. Si dos tercios o más de sus miembros consideran que se ha incumplido la ley, el caso será remitido a la Fiscalía.
Articulo editado, publicado en: https://elpais.com/sociedad/2020/02/07/actualidad/1581106299_343966.html 09/02/2020
